Metro dio el contrato a Joaquín Torres y el hijo de Carmena logró anularlo y que fuera para sus socios

Joaquín Torres, conocido como el arquitecto de las estrellas, se hizo en 2014 con la adjudicación para construir la nueva sede de Metro de Madrid, con una dotación de 1,9 millones de euros. Pero el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) controlado por el hijo de Manuela Carmena lanzó toda una serie de acusaciones contra el proceso hasta conseguir tumbar el concurso.

Manuel Leira Carmena, hijo de la alcaldesa de Madrid, era vocal de la Junta de Gobierno del COAM. Junto a él, también estaba en el órgano de gobierno colegial la actual asesora de Urbanismo del consistorio de Carmena, Pilar Pereda.  Con posterioridad, una vez fuera del COAM, Manuel Leira presentó junto a varios socios un proyecto para la misma licitación que se había encargado previamente de tumbar. Y el proyecto resultó ganador del contrato. Ganador de nada menos que 1,9 millones de euros.

Las revelaciones de OKDIARIO muestran que el hijo de Carmena, que se desvinculó del proyecto tras superar la primera fase del concurso, comparte desde febrero de 2018 la sociedad KWI MAD con los mismos socios con los que presentó el proyecto de Metro, y cuya sede se encuentra, además, en el mismo local que donde se desarrolla en estos momentos los trabajos del proyecto ganador.

El Colegio de Arquitectos con el equipo de gobierno controlado por Manuel Leira Carmena no aceptó el primer concurso, en el año 2014, e interpuso un recurso especial en materia de contratación frente a la licitación del proyecto y dirección de obra de la nueva sede social de METRO S.A. Inicialmente, la empresa pública siguió con el curso de la licitación, que es acabó adjudicando al estudio A-Cero de Joaquín Torres.

La Junta de Gobierno del hijo de Carmena no se rindió: siguió con sus protestas y, a través de la Oficina de Concursos del Colegio, bombardeó la adjudicación saliendo públicamente a la prensa para mostrar su descontento. Sus acusaciones insinuaron la existencia de fraude, aludieron a una supuesta “falta de información y transparencia”, a la existencia de un procedimiento “cuando menos, sospechoso”, y a la inclusión de exigencias económicas exageradas con el fin de expulsar de la oferta a otros estudios de arquitectura.

La presión logró su efecto y Metro de Madrid desistió de la adjudicación.
Tras cambiar el equipo de Gobierno, en 2016 se volvió a convocar el concurso, pero esta vez Metro prefirió no jugársela y permitió que en la gestión interviniera la Oficina de Concursos del Colegio de Arquitectos, como Secretaría del concurso.

El proyecto de Manuel Leira

El hijo de Carmena se presentó a la primera ronda y pasó el corte. Su proyecto -Jardín 1- acabó ganando, pero él, casualmente, se había salido del proyecto tras quedar finalista, pese a que el nombre refleja que se trata del mismo proyecto. El argumento: que no quería comprometer a su madre. Este pasado miércoles OKDIARIO publicó las actas de las reuniones donde se refleja que un técnico del Ayuntamiento estuvo presente en las deliberaciones del jurado del concurso: de ese jurado que dio el contrato al proyecto del hijo de la alcaldesa y a los socios con los que posteriormente creó una sociedad conjunta.

El 26 de febrero de 2018 esos supuestos miedos de Leira a que se ligase a su madre se debieron ir disipando, hasta el punto de que Manuel Leira Carmena constituyó la citada sociedad: KWI MAD ARCHITECTURE INTERMEDIACION SL. Una sociedad con el capital mínimo exigido y que el “03/04/2018” pasó a hacer públicos sus administradores: “ADMINISTRADOR SOLIDARIO: IVAN CARBAJOSA GONZALEZ (Publicado como CARBAJOSA GONZALEZ IVAN) ADMINISTRADOR SOLIDARIO: LOURDES CARRETERO BOTRAN (Publicado como CARRETERO BOTRAN LOURDES) ADMINISTRADOR SOLIDARIO: JULIO FUENTE MARTINEZ (Publicado como DE LA FUENTE MARTINEZ JULIO) ADMINISTRADOR SOLIDARIO: MANUEL LEIRA CARMENA (Publicado como LEIRA CARMENA MANUEL)”.

Iván Carbajosa y Lourdes Carretero fueron casualmente sus compañeros de proyecto en la primera fase y dos de los que mantuvieron el proyecto y ganaron el concurso en la segunda y definitiva fase.

Trabaja en “servicios técnicos de arquitectura. Sector: servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos”. El número de “empleados: 0”. Los activos “total Activo: 0”. Y la sede, la misma que la del proyecto: Plaza de Castilla 3, 19.

Denuncia ante la Fiscalía

Hay que recordar que el Colegio madrileño de Arquitectos ha decidido ya llevar a Manuel Leira y Pilar Perera, y el resto de miembros del equipo de Gobierno ante el Ministerio Público por administración desleal continuada y falsedad contable.

Los dirigentes de la Fundación arquitectura COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid), han acordado recientemente por unanimidad (salvo los votos de los implicados), trasladar el expediente de la venta en 2013 de su sede en la Calle Piamonte 23 a la Fiscalía.

Los motivos que les han llevado a tomar esta decisión han sido la más que probable comisión, por parte de los miembros de la antigua Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos, que a su vez ejercieron los cargos de Presidente, Secretario y Patronos de la Fundación, de dos presuntos delitos.

El primero de ellos, de administración desleal continuada, por su gestión de los bienes de ambas instituciones y la ocultación de información al Patronato de la Fundación y a los órganos del Colegio de Arquitectos. 
La administración desleal tiene que ver con la venta del inmueble bajo unas condiciones distintas a las acordadas por el órgano competente, algo que llevó a que el precio final de venta fuese dos millones de euros inferior a una valoración previamente efectuada.

Además, el entonces Presidente, José Antonio Granero, pudo causar con sus decisiones unilaterales un perjuicio económico a la Fundación de más de 150.000€.

El segundo cargo es un delito continuado de falsedad contable referido a la formulación de las cuentas de los años 2013 y 2014, ya que los indicios existentes indican que ocultaron en las cuentas anuales datos relevantes referentes a la operación de compraventa del inmueble, que fue vendido por un importe claramente inferior a la autorización recibida por parte del Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura.